sábado, 14 de diciembre de 2013

Los intereses de Mayor Oreja y la ultraderecha en la Seguridad Privada

Después de la sanidad y la educación, ahora le llega el turno a la seguridad. El Gobierno ha sacado una proyecto de ley que dejaría en manos de empresas de seguridad privada labores que hasta ahora eran competencias exclusivas de los cuerpos de seguridad del estado. ¿A que puede responder esta ley?¿A quién beneficia?¿Quienes se encuentran detrás de estas empresas?

Mayor Oreja y la Seguridad Privada

Muchos políticos tienen intereses en la seguridad privada y en empresas relacionadas con el sector. El caso más conocido es el del eurodiputado del PP y exministro del interior, Jaime Mayor Oreja.

Mayor Oreja representa a la derecha más rancia y retrograda dentro del Partido Popular. Se ha negado en reiteradas ocasiones a condenar el franquismo alegando que “forma parte de la historia de España”, “representa a un sector muy amplio de españoles” y que “muchas familias lo vivieron con naturalidad y normalidad”. Además ha calificado el franquismo como “un periodo de extremada placidez”. Con respecto al aborto ha manifestado que “es algo propio de los bolcheviques”.  Al mismo tiempo que hacía todas esas declaraciones, criticaba a la Izquierda Abertzale por no condenar a ETA.

Jaime Mayor Oreja
Pues bien; Mayor Oreja es probablemente una de las personas que más beneficios económicos ha podido obtener gracias a la actividad de ETA. La labor de escolta y de protección de edificios oficiales fue asumida en un primer momento por la Ertzaintza y otros cuerpos policiales del Estado pero con el tiempo, muchos de esos servicios fueron subcontratados a empresas de seguridad privada.

José María Mayor Oreja, hermano del ex ministro, ha sido presidente de las compañías de seguridad “Falcom Contratas y  Seguridad SA” y Falcon Servicios de Seguridad Integral. Hasta 1995 fue apoderado de “Protección y Custodia SA” que posteriormente pasaría a formar parte del grupo “Prosegur”. También fue administrador de “Segurotec SA”. Asimismo ha sido consejero de la sociedad “Técnicas Especiales de la Construción” dedicada a la prestación de servicios de vigilancia, protección y seguridad de empresas.

El propio Jaime Mayor Oreja fue asociado de “Estudios y Experiencias SL”, una empresa asociada con “Segurotec SA” y “Protección y Custodia SA”. Purificación Mayor Oreja también fue socia de “Estudios y experiencias SL”. Marcelino Oreja, también pariente del ex ministro, fue apoderado de “Falcon Contratas” y “Seguridad SA”.

Todas las empresas mencionadas han prestado servicios directa o indirectamente y de forma subcontratada, en la protección de edificios oficiales y de personalidades políticas y personas amenazadas. Viendo todo esto uno se pregunta si el empeño que Jaime Mayor Oreja ha puesto siempre en obstaculizar y entorpecer cualquier diálogo de paz con ETA, se debe a su ideología franquista y de extrema derecha o a los réditos económicos que obtiene gracias a la violencia.

Actualmente su partido anuncia una futura ley que sin lugar a dudas beneficia a las empresas de seguridad privada al permitirles ampliar su espectro de actuación. Esta sospecha se hace más fuerte si tenemos en cuenta que el cese de ETA ha traído consigo el desinfle del negocio de la seguridad privada.

Por lo tanto la pregunta es: ¿Esta el PP utilizando el poder para beneficiar a empresas en las que sus miembros tienen claros intereses?. Creo que la respuesta a la pregunta es obvia. Viendo la trayectoria del partido gobernante desde que alcanzó el poder, es incluso una pregunta innecesaria, puesto que hemos podido comprobar en más de una ocasión el proceso de “puerta giratoria” al que están acostumbrados los dirigentes del Partido Popular. La lista es larga: Empresas eléctricas, empresas telefónicas, empresas farmacéuticas y médicas etc.

Levantina de Seguridad y la ultraderecha

Levantina de seguridad es una empresa ubicada en Valencia y que cuenta con delegaciones en Madrid, Tarragona y Granada. Esta empresa se ha visto envuelta en varios escándalos y está estrechamente vinculada a la extrema derecha valenciana.

Jose Luis Roberto
Jose Luis Roberto, presidente de España 2000, es también copropietario de la empresa. Jose Luis, es un conocido miembro de la extrema derecha española y durante la transición fue detenido por la colocación de dos bombas en un acto independentista. El Secretario General de España 2000 también está vinculado con Levantina de Seguridad y es miembro de la Asociación Patronal Valenciana de Seguridad y Servicios.

José Cercos, también miembro de del Consejo Nacional de España 2000 es el director de inspectores de Levantina de Seguridad. Otros muchos miembros de la formación ultra trabajan como vigilantes de la empresa de seguridad y en ocasiones se han presentado como candidatos en las listas de España 2000. Es el caso de David tejedor y Ramón Barnes, candidatos de España 2000 al senado en 2011. Ricardo Bartolomé Martinez y Rafael Gimenez Gimenez, trabajadores de Levantina de Seguridad, fueron candidatos de la formación ultra, al Congreso y a las Corts Valencianas respectivamente.

Entre los escándalos en los que se ha visto involucrada Levantina de Seguridad, se encuentran haber presionado a algunos de sus trabajadores a afiliarse a la Falange, hechos por los que fue condenada en 1998. Anteriormente Levantina de Seguridad ya había sido condenada y enjuiciada por hechos similares. Además numerosos de sus empleados han sido juzgados y condenados por diferentes agresiones y la empresa fue multada en el año 2002 por defraudar a la seguridad social.

Con semejante historial es muy difícil pensar que una empresa de estas características pueda ejercer de protección para el pueblo en sustitución de la policía. Permitir a un grupo ultra como España 2000, detener e identificar en la vía pública y ejercer otras funciones hasta ahora encomendadas a las fuerzas de seguridad, es un crimen en sí mismo.

Prosegur

Quizás la empresa de seguridad más conocida en el Estado Español sea Prosegur. Esta empresa se encarga de la vigilancia de numerosas instalaciones públicas como suburbanos, edificios oficiales y centros comerciales, además de encargarse del transporte de caudales y de la instalación de diferentes sistemas de seguridad.

Prosegur se fundó en Argentina en los 70 de la mano del empresario Amadeo Francisco Juncadella, un hombre con estrechos vínculos con la dictadura Argentina. Tras absorber a otras empresas dedicadas a la seguridad y el transporte de caudales, Prosegur pasó a convertirse en la empresa referencia de este ramo en el país latinoamericano.

Más adelante se fundaría Prosegur Internacional, en la que el empresario Herberto Gut pasaría ocupar puestos de suma importancia. Anteriormente, Gut había trabajado para la empresa Pittsburgh & Cardiff, dedicada a la venta de armamento. En 1975, solamente tres semanas del golpe militar de Argentina, Herberto Gut se desplaza a España para fundar una filial de Prosegur. Una vez allí, establece lazos con importantes representantes de la dictadura franquista.

Ya después de la transición, Prosegur cuenta con vínculos importantes con personajes como el ex ministro del interior Martín Villa. Rafael Arias Salgado, Ministro de la Administración Territorial durante la época de Adolfo Suarez en la presidencia, pasará a ser presidente de Prosegur a partir del año 1982. Es en ese año cuando Gut consigue hacerse con el control completo de Prosegur y hace sospechosos negocios con Mario Conde, llegándose a hablar de lavado de dinero procedente del narcotráfico y la venta ilegal de armas.

Los vigilantes de Prosegur, al igual que los de otras empresas privadas, también se han visto envueltos en numerosos escándalos por agresiones. Entre las más graves se encuentra la muerte de una persona tras ser reducida y esposada por vigilantes de Prosegur en el metro de Madrid.

Los tintes racistas y xenófobos de estas agresiones son evidentes, llegando a disparar un vigilante de esta empresa contra una mujer angoleña de 40 años. Las denuncias por agresiones injustificadas contra personas extranjeras son abundantes desde que Prosegur tiene la concesión de vigilar las instalaciones del suburbano madrileño.


Conclusión

Las empresas privadas surgen con el fin de obtener beneficios económicos. Por esta razón no se puede esperar que una empresa de seguridad privada priorice el bienestar general a los suyos particulares. Por otro lado son evidentes las conexiones de la derecha con este tipo de empresas. Dejando aparte los intereses económicos que pueda tener el partido gobernante al privatizar ciertos servicios gracias a la nueva ley, sin duda todos estos movimientos nos acercan cada vez más a un estado totalitario de facto en el que diariamente se recortan los derechos más elementales.
Todas las medidas impulsadas por el PP desde su llegada al Gobierno, nos conducen en esa dirección, hasta el punto de que numerosos organismos internacionales han dado la voz de alarma ante esta deriva. 

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