lunes, 13 de enero de 2014

Méndez Pozo y el boulevard de el #Gamonal

 
Javier Lacalle y Antonio Miguel Méndez Pozo

En los últimos días hemos vivido con ilusión y cierta ignorancia las protestas que han surgido en el barrio burgalés de Gamonal. En un principio el enfado de los vecinos ha surgido por el comienzo de las obras de construcción de un megaproyecto urbanístico para la construcción de un Boulevard. Sin embargo, detrás se esconden diferentes motivos entre los que se encuentran principalmente dos viejos conocidos en Burgos. Uno por su implicación y condena en un caso de corrupción del PP en 1994 y el otro… Bueno el otro es un alcalde del Partido Popular. Un hecho que ligado a un proyecto urbanístico y a su pasado como concejal urbanístico de Burgos, no puede menos que provocar cierto nerviosismo y sospecha entre la ciudadanía. Pero vamos a centrarnos en el primero: Antonio Miguel Méndez Pozo.

Quien hoy trata de presentarse como un constructor y empresario ejemplar, fue condenado en 1994 a siete años de prisión acusado de falsedad documental en el conocido como “Caso de la Construcción de Burgos”. Nueve meses después de entrar en prisión, Méndez Pozo ya se encontraba en la calle en régimen de tercer grado y 2 años después de haber sido condenado, salía de prisión con su condena “cumplida”.
En un momento en que el Ministro Gallardón concede indultos a diestro y siniestro basándose principalmente en el aprecio que siente por la persona solicitante, conviene recordar que antes de entrar en prisión, Pozo solicito el indulto al Gobierno, entonces en manos del PSOE. Un indulto que le fue denegado.

Méndez Pozo fue el único de los encausados en aquel caso de concesiones ilegales de licencias de obras, que tuvo que afrontar penas de prisión. El otro principal encausado, José María Peña (PP), alcalde de Burgos en aquella época, fue inhabilitado.

Las estrechas relaciones de Antonio Miguel Méndez Pozo con el Partido Popular de Castilla y León, también cuentan con una larga trayectoria. En 1994, año en el que fue condenado el empresario oscense, el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ocupaba la Presidencia de la Junta de Castilla y León, y como tal, tuvo que acudir a declarar en el juicio contra Méndez Pozo, por la estrecha relación existente entre ambos. Pozo llegó a asesorar en cuestiones urbanísticas al ejecutivo de Aznar.  

El propio alcalde de Burgos, Javier Lacalle, también del Partido Popular, ya apuntaba maneras y se encargaba de llevar la concejalía de Urbanismo del ayuntamiento. Según indican en ElBoletín.com, Lacalle, se vio envuelto en 2006, en un escándalo por haber viajado a la Costa Azul francesa con todos los gastos sufragados por varios empresarios entre los que se encontraba el hijo de Méndez Pozo.

Hoy, 20 años después, los vecinos de Gamonal denuncian que la gran mayoría de las obras que se están llevando a cabo en Burgos, las está ejecutando la empresa constructora de Antonio Miguel Méndez Pozo. No es de extrañar que los burgaleses recelen de este empresario, teniendo en cuenta su pasado y que hoy, al igual que entonces, la alcaldía está en manos del Partido Popular. Lo lógico es sospechar de esa relación amistosa que tantos beneficios le están generando al constructor.

Foto:  @eduardomuriel
Pozo no solo es dueño de varias empresas constructoras e inmoviliarias, sino que además controla algunos medios de comunicación entre los que se encuentra el Diario de Burgos. En este conflicto, como en cualquier otro, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. El hecho de que Méndez Pozo controle uno de los principales medios de comunicación de Burgos no es desdeñable, puesto que desde sus páginas puede encargarse de posicionar a la sociedad en contra de las reclamaciones populares en su contra, ofreciendo información sesgada centrada solamente en los disturbios y sin profundizar en los motivos que subyacen tras las protestas.

Esta vez la chispa que ha prendido la mecha es un macroproyecto de 8 millones de euros, en el que se pretende sustituir la arteria principal de Burgos, que actualmente cuenta con dos carriles en cada sentido y aparcamientos en los márgenes de la calle, por un boulevard que reduce drásticamente los aparcamientos y los carriles de circulación. En sustitución de las plazas de parking perdidas, el consistorio quiere construir un aparcamiento subterráneo que sería gestionado por una empresa privada y por lo tanto obligaría a los vecinos del barrio a pagar por estacionar sus vehículos.

Todo esto en un momento de crisis brutal que ha provocado que 18000 vecinos de Gamonal se encuentren en paro. Hace unos días algunos vecinos de Burgos denunciaban que, mientras que el ayuntamiento había cerrado una guardería pública por no poder afrontar los costes de 13.000 euros derivados de su mantenimiento y reparación, Lacalle se embarcaba en un proyecto de 8 millones de euros que los vecinos consideran innecesario.

Es evidente que las obras del boulevard no son el principal motivo de la explosión social que se ha vivido estos días, sino que detrás de estas muestras de descontento se esconden una serie de factores acumulados de los que las nuevas obras han sido la gota que ha colmado el vaso. El aguante de los vecinos de Burgos, al igual que el de toda la sociedad, tiene un límite. Un límite que se está sobrepasando en la medida en que el Gobierno continúa con sus ataques a los derechos más básicos del pueblo y que antes o después tendrá que expresarse de alguna forma.

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