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| Javier Lacalle y Antonio Miguel Méndez Pozo |
En los últimos días hemos vivido con ilusión y cierta
ignorancia las protestas que han surgido en el barrio burgalés de Gamonal. En
un principio el enfado de los vecinos ha surgido por el comienzo de las obras
de construcción de un megaproyecto urbanístico para la construcción de un
Boulevard. Sin embargo, detrás se esconden diferentes motivos entre los que se
encuentran principalmente dos viejos conocidos en Burgos. Uno por su
implicación y condena en un caso de corrupción del PP en 1994 y el otro… Bueno
el otro es un alcalde del Partido Popular. Un hecho que ligado a un proyecto urbanístico
y a su pasado como concejal urbanístico de Burgos, no puede menos que provocar
cierto nerviosismo y sospecha entre la ciudadanía. Pero vamos a centrarnos en
el primero: Antonio Miguel Méndez Pozo.
Quien hoy trata de presentarse como un constructor y
empresario ejemplar, fue condenado en 1994 a siete años de prisión acusado de
falsedad documental en el conocido como “Caso de la Construcción de Burgos”.
Nueve meses después de entrar en prisión, Méndez Pozo ya se encontraba en la
calle en régimen de tercer grado y 2 años después de haber sido condenado,
salía de prisión con su condena “cumplida”.
En un momento en que el Ministro Gallardón concede indultos
a diestro y siniestro basándose principalmente en el aprecio que siente por la
persona solicitante, conviene recordar que antes de entrar en prisión, Pozo
solicito el indulto al Gobierno, entonces en manos del PSOE. Un indulto que le
fue denegado.
Méndez Pozo fue el único de los encausados en aquel caso de
concesiones ilegales de licencias de obras, que tuvo que afrontar penas de
prisión. El otro principal encausado, José María Peña (PP), alcalde de Burgos
en aquella época, fue inhabilitado.
Las estrechas relaciones de Antonio Miguel Méndez Pozo con
el Partido Popular de Castilla y León, también cuentan con una larga
trayectoria. En 1994, año en el que fue condenado el empresario oscense, el ex
presidente del Gobierno, José María Aznar, ocupaba la Presidencia de la Junta
de Castilla y León, y como tal, tuvo que acudir a declarar en el juicio contra Méndez
Pozo, por la estrecha relación existente entre ambos. Pozo llegó a asesorar en
cuestiones urbanísticas al ejecutivo de Aznar.
El propio alcalde de Burgos, Javier Lacalle, también del
Partido Popular, ya apuntaba maneras y se encargaba de llevar la concejalía de
Urbanismo del ayuntamiento. Según indican en ElBoletín.com, Lacalle, se vio
envuelto en 2006, en un escándalo por haber viajado a la Costa Azul francesa
con todos los gastos sufragados por varios empresarios entre los que se
encontraba el hijo de Méndez Pozo.
Hoy, 20 años después, los vecinos de Gamonal denuncian que
la gran mayoría de las obras que se están llevando a cabo en Burgos, las está
ejecutando la empresa constructora de Antonio Miguel Méndez Pozo. No es de extrañar
que los burgaleses recelen de este empresario, teniendo en cuenta su pasado y
que hoy, al igual que entonces, la alcaldía está en manos del Partido Popular.
Lo lógico es sospechar de esa relación amistosa que tantos beneficios le están
generando al constructor.
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| Foto: @eduardomuriel |
Pozo no solo es dueño de varias empresas constructoras e inmoviliarias, sino que además controla algunos medios de comunicación entre los que se encuentra el Diario de Burgos. En este conflicto, como en cualquier otro, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. El hecho de que Méndez Pozo controle uno de los principales medios de comunicación de Burgos no es desdeñable, puesto que desde sus páginas puede encargarse de posicionar a la sociedad en contra de las reclamaciones populares en su contra, ofreciendo información sesgada centrada solamente en los disturbios y sin profundizar en los motivos que subyacen tras las protestas.
Esta vez la chispa que ha prendido la mecha es un
macroproyecto de 8 millones de euros, en el que se pretende sustituir la
arteria principal de Burgos, que actualmente cuenta con dos carriles en cada
sentido y aparcamientos en los márgenes de la calle, por un boulevard que reduce
drásticamente los aparcamientos y los carriles de circulación. En sustitución
de las plazas de parking perdidas, el consistorio quiere construir un
aparcamiento subterráneo que sería gestionado por una empresa privada y por lo
tanto obligaría a los vecinos del barrio a pagar por estacionar sus vehículos.
Todo esto en un momento de crisis brutal que ha provocado
que 18000 vecinos de Gamonal se encuentren en paro. Hace unos días algunos
vecinos de Burgos denunciaban que, mientras que el ayuntamiento había cerrado
una guardería pública por no poder afrontar los costes de 13.000 euros
derivados de su mantenimiento y reparación, Lacalle se embarcaba en un proyecto
de 8 millones de euros que los vecinos consideran innecesario.
Es evidente que las obras del boulevard no son el principal
motivo de la explosión social que se ha vivido estos días, sino que detrás de
estas muestras de descontento se esconden una serie de factores acumulados de
los que las nuevas obras han sido la gota que ha colmado el vaso. El aguante de
los vecinos de Burgos, al igual que el de toda la sociedad, tiene un límite. Un
límite que se está sobrepasando en la medida en que el Gobierno continúa con
sus ataques a los derechos más básicos del pueblo y que antes o después tendrá que
expresarse de alguna forma.
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