martes, 31 de marzo de 2015

Censura en los medios del estado español

http://definicion.mx/wp-content/uploads/2013/03/censura.jpg
En las dictaduras el método para impedir que los ciudadanos estén informados es la censura, se impide la difusión de noticias que al poder no le gustan. Ahora las verdades pueden ser enterradas a base mentiras, de forma que el resultado es el mismo: ocultar la verdad, censura por tanto. 
 Pascual Serrano, periodista.
A finales de la semana pasada, el que fuera presentador de Las  Mañanas de Cuatro, Jesús Cintora, fue destituido de su puesto para enfado de miles de espectadores del programa que han propuesto un boikot desde las redes sociales a Atresmedia –el mayor grupo de comunicación de España y al cual pertenece Cuatro. La razón que adujo la cadena italiana para la destitución fue la "falta de objetividad" con la que el periodista soriano ejercía su trabajo al frente del exitoso programa. Básicamente, Cintora había dado voz a algunos de los sectores más perjudicados por la crisis, además de mostrarse agresivo en alguna ocasión con el Partido Popular y simpatizar en cierta medida con Podemos y Pablo Iglesias, el cual fue tertuliano en el magazine de Cuatro, ahora a cargo de Javier Ruiz.  

El caso de Cintora bien puede considerarse un caso más de la censura que vienen sufriendo periodistas de diversos medios de comunicación. Durante el gobierno de Rajoy se ha destituido a tres directores de grandes periódicos cuya línea editorial era demasiado crítica con el gobierno y el PP. Es el caso de Pedro J. Ramírez, exdirector de El Mundo, quien no dudó en acusar al Ejecutivo de su despido; de José Antic, acusado de defender tesis independentistas desde la Vanguardia; de Javier Moreno, exdirector de El País, diario que envió al incómodo Javier Cué de La Moncloa a Argentina.

Otro caso muy comentado recientemente es el de la destituida corresponsal en Gaza Yolanda Alvárez, quien llegó a ser acusada por un parlamentario del PP de ser de Hamás. La periodista había mostrado la crudeza de los ataques de Israel sobre la franja palestina durante el verano pasado. La limpieza ideológica que ha llevado a cargo el Partido Popular en RTVE merecería un post aparte ya que ha colocado como responsables del ente a conocidos derechistas como José Antonio Álvarez Gundín, subdirector de La Razón, o Julio Somoano, que pasó por 13TV y Telemadrid, que es junto a la valenciana el caso más flagrante del empleo de medios públicos para la propaganda y el enriquecimiento de unos pocos productores y pseudointelectuales afines. Ana Pastor, la actual directora de El Objetivo, el programa de La Sexta, también fue destituida de TVE "por hacer periodismo y por una decisión política", según aseguró en su momento la periodista, cuya habitual agresividad a la hora de entrevistar políticos incomodaba a los populares.

A pesar de estos casos, no se puede asegurar que la censura haya sido una herramienta habitual del sistema político español  actual a la hora de silenciar a la oposición. En líneas generales, en los regímenes capitalistas, las estructuras de poder tienden a marginar, ridiculizar o excluir las ideas disidentes, aunque, en un sentido amplio del término, esas acciones bien podrían considerarse como censura, tal y como afirma Pascual Serrano en la frase que da inicio al post.

Sin embargo, sí  ha habido dos casos principales en los que el Estado español o poderes anexos a él han actuado de manera contundente mediante la censura. Son el relacionado con el conflicto vasco y la sobreprotección que la monarquía y, en especial Juan Carlos I, han recibido de los medios de comunicación estatales durante décadas.

Euskadi no es España
Egin
La  sempiterna confrontación entre el estado español y el País Vasco y el recrudecimiento armado de esa situación con la llegada del régimen del 78 llegó a manifestarse también en el trato a los medios de comunicación y a los periodistas. Ya en los 80, los paramilitares del GAL asesinaron a dos periodistas abertzales, Xabier Galdeano –cuyo asesinato cumplió ayer 30 años– y Josu Muguruza, que también era diputado en el Congreso por HB en el momento de su muerte.

El diario Egin, fundado al igual que el Deia gracias a una fuerte campaña popular en 1977, se había erigido en la gran referencia de la prensa escrita para el electorado abertzale debido sus críticas a la represión, tortura y terrorismo del Estado y a su esfuerzo por impulsar las muestras de cultura vasca que surgían tras la Transición como el Rock Radical Vasco. Además, su línea editorial no condenaba la violencia de la por entonces muy apoyada popularmente ETA, aunque sus páginas de opinión permitían escribir a personas de diversos ámbitos ideológicos.

A principios de la década de los 90, la presión policial sobre Egin aumentó de manera significativa. Con el objetivo de conectar al diario con ETA, la Ertzaintza registró la redacción en 1994 deteniendo al periodista de investigación Pepe Rei, que sería absuelto en 1997. Sin embargo, por aquellos días entró en escena el juez Baltasar Garzón, quien en el verano de 1998 ordenó el cierre cautelar del periódico y de su radio, así como el arresto de sus principales responsables acusados de estar supeditados a ETA. Los detenidos fueron puestos en régimen de incomunicación siguiendo la legislación antiterrorista. El por entonces presidente español José María Aznar insinuó arrogantemente que el cierre era una orden del Ejecutivo al declarar a los medios lo siguiente: "¿Alguien pensaba que no nos íbamos a atrever a cerrar Egin?".

Tras más de un año de cierre, para cuando Garzón autorizó la reapertura del diario, éste era ya inviable económicamente debido a la abultada deuda acumulada. No fue hasta 2009 cuando una resolución resolvió que las actividades de Egin no eran ilícitas. El exdirector del periódico Xabier Salutregi y la exsubdirectora Teresa Toda fueron condenados a 12 y 10 años de prisión en 2005, aunque la última ya está en libertad. También volvió a ser detenido y liberado Pepe Rei, cuya revista Ardi Beltza fue cerrada en 2001. A los meses del cierre de Egin, vio la luz Gara, actual referencia editorial de la izquierda abertzale, que también sufrió desde su inicio los intentos de Garzón para que el nuevo diario se hiciera cargo de la deuda de Egin. Incluso el por entonces director del ABC, Ansón, manifestó su solidaridad con Egin y sus trabajadores afirmando que "el periodista no es un ciudadano impune. Si delinque debe pagar su culpa, dentro del ordenamiento jurídico de la democracia pluralista. Pero los periódicos impresos, hablados o audiovisuales no delinquen. Cerrarlos es una atrocidad que fractura la libertad de expresión en su misma raíz". El periodista conservador aplicó estas mismas palabras también al 'caso Egunkaria'.

Egunkaria
Corría el año 2003 cuando se cerró el diario Egunkaria, único periódico que se publicaba íntegramente en lengua vasca. Eran tiempos en los que el PP de Aznar gobernaba con mayoría absoluta y la derecha española afianzaba su hegemonía ideológica en el territorio español gracias a la lucha antiterrorista. Eran los tiempos más duros del "Todo es ETA", en los que se perfilaba ya la Ley de Partidos que acabaría ilegalizando a la formación abertzale Herri Batasuna por apoyar a ETA y no mostrar rechazo a la violencia como forma de hacer política.

El 20 de febrero de 2003, el juez instructor de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó la clausura temporal y el embargo preventivo de todos los bienes de Egunkaria por pertenecer al entorno financiero-empresarial de ETA. En plena madrugada, se detuvo en una operación conjunta a diez personas: Martxelo Otamendi, Iñaki Uría, Juan Mari Torrealdai, Peio Zubiria, Luis Goia, Txema Auzmendi, Xabier Oleaga, Xabier Alegría, Inma Gomila y Fermín Lazkano, la mayoría directivos de Egunkaria. Llevados a Madrid, y estando en régimen de incomunicación durante cinco días, varios de ellos fueron torturados e interrogados acerca de su relación con ETA ya que Egunkaria había realizado sendas entrevistas con la banda en 1999, 2000 y 2001. Cuando Martxelo Otamendi se amparó en su derecho constitucional a no desvelar sus fuentes, la respuesta de sus torturadores vino a ser que se callara, que aquello era la Guardia Civil, y que la Constitución les importaba una mierda.
El diario Berria es el sucesor natural de Egunkaria, clausurado en 2003 por el juez Del Olmo.
Varios de los detenidos permanecieron encarcelados durante varios meses y las cuentas del Egunkaria fueron embargadas, lo que imposibilitó la continuidad del diario, que tuvo en el recién salido periódico Berria su sucesor natural hasta el día de hoy con Otamendi como director. El proceso demostró que no había razones que justificaran el cierre de Egunkaria, cuyos responsables fueron absueltos definitivamente en 2010. La Audiencia Nacional realizó un durísimo comunicado contra el juez instructor Del Olmo afirmando que "las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA, lo que por sí determina la absolución con todos los pronunciamientos favorables"; tildando el encausamiento de "injerencia a la libertad de expresión"; y arremetiendo contra la acusación popular encabezada por la AVT y Dignidad y Justicia. Así de enfermizo resultó el cierre de Egunkaria, que contó con amplias dosis de solidaridad entre la población vasca.

También en el resto del Estado se dieron muestras de solidaridad para el diario y sus directivos, aunque el tono general de los medios de comunicación y de los políticos españoles distó bastante de ese respeto. Básicamente, celebraron el cierre de Egunkaria creyéndose a pies juntillas al juez Del Olmo. Era una victoria contra ETA. En este enlace se puede escuchar y leer algunas de las perlas que conocidos opinadores españoles dejaron por aquellos días. José María Calleja, por ejemplo, se refirió a Otamendi en estos términos:
“El señor Martxelo Otamendi, que es un etarra en comisión de servicios, que ha hecho una denuncia de presuntas torturas siguiendo el manual de los etarras y que, desde luego, el relato que ha hecho el otro día en El Mundo es el de un cobarde, que colaboraba con la propia policía. (...) y a este individuo le hacen la ola en una iglesia, le hacen la ola en la universidad y le dejan que explique el mensaje de una persona que apoya los asesinatos. A ver si se enteran los señores de las universidades que le están aceptando, este señor justifica los asesinatos de ETA. Lo hace regularmente en las tertulias de la Radio Pública Vasca.”
Por cierto, en 2012, el Tribunal de Estrasburgo condenó a España por no investigar correctamente la denuncia de Otamendi por haber sido torturado. Ni siquiera se le llamó para declarar.



Que nadie toque al Rey
Iñaki Anasagasti, histórico dirigente el PNV, ha insistido siempre en que la protección de los medios de comunicación hacia la figura de Juan Carlos I ha sido clave para consolidar el actual régimen democrático, en el que la figura del Rey ha sido elevada a poco menos que salvador del pueblo español y de su sistema político. El Rey Juan Carlos I, nombrado por Franco como su sucesor, vino a España sin riquezas gracias a su sangre borbona y se ha convertido a día de hoy en una de las grandes fortunas de Europa gracias a su labor como comercial para las grandes empresas españolas que hacen negocios en países, algunos de ellos de dudosa legitimidad democrática. La opacidad de la Casa Real y la inactividad del Tribunal de Cuentas han facilitado que Juan Carlos y su sucesor, el actual Rey Felipe VI, hayan aparecido como ejemplares e impolutos ante la opinión pública, que valoraba positivamente la institución monárquica mientras despreciaba a la clase política y los sindicatos, instituciones, nos gusten o no, inherentes al sistema democrática.

Cuesta ver y leer críticas sobre Juan Carlos I a lo largo de su trayectoria, manchada de sospechas de corrupción e inmoralidad. Siempre se ha hablado de que las redacciones de los principales medios españoles tenían un archivo específico donde guardaban informaciones comprometedoras sobre la Casa Real y sobre Juan Carlos I. El propio papel del monarca durante el 23-F sigue siendo muy discutido por algunos historiadores, pero fuertemente avalado por las televisiones, el cine y la literatura de masas. Ese silencio recuerda mucho a la ley de la omertá que rige los códigos de la mafia. Es un pacto tácito entre prensa y poderes político y económico para no tocar a una de la claves de bóveda de la España posfranquista.

En los últimos tiempos ha empezado a destaparse casos como el de Urdangarín o el escándalo de Bostwana en el que el pueblo español confirmó que su Rey se entretenía matando animales y viajando con su amante Corinna, algo respetable pero que había sido sistemáticamente ocultado por la prensa para no manchar la intachable moral católica de Juan Carlos, que disfruta desde su abdicación de la vida de lujo que siempre le gustó. Sin embargo, el actual Rey Felipe el Preparao ha salido indemne de toda esta oleada y se le ha encumbrado por todos los grandes medios desde su coronamiento en verano. De hecho, los dos casos más conocidos de censura en los últimos años fueron las portadas de El Jueves en los que el principal protagonista era Felipe. Es decir, se ha permitido cuestionar ciertos excesos del padre, pero se ha vuelto al silencio y al halago más protector con el hijo.


La portada de la izquierda es del año 2008, cuando el gobierno socialista anunció el famoso cheque bebé que ayudaba económicamente a los padres al tener un hijo. El Jueves bromeaba con la ociosa existencia de los reyes mediante esta imagen de mal gusto. Por el contrario, la portada de la derecha que cuestiona el legado juancarlista tiene lugar el pasado verano, cuando el régimen del 78 parecía más en crisis que nunca, y silenciar voces críticas se hizo absolutamente necesario.

Otro caso de censura sobre la institución monárquica en los últimos tiempos es el sufrido por el periodista José Luis Lobo, de El Confidencial, que fue llevado al tribunal deontológico de la Asociación de la Prensa por insinuar lo mal paciente que es Juan Carlos a la hora de tratar sus problemas de salud. Previamente, Javier Ayuso, exdirector de Comunicaciones de la Casa Real, había sido llamado por Lobo para contarle la información, a lo que Ayuso respondió con una denuncia a un tribunal deontológico por afrentas al Rey.

Censura sobre manifestaciones artísticas
Como si no fuera suficiente con fomentar la acrítica cultura de la Transición que todavía predomina a día de hoy, el poder ha tenido que censurar puntualmente expresiones artísticas disidentes. El caso más recordado puede ser el de Javier Krahe, quien cantó su mítico "Cuervo ingenuo" en un concierto que fue censurado por el gobierno de Felipe González en los 80. La letra retrataba al político andaluz como un mentiroso oportunista con la excusa de su cambio de opinión respecto a la OTAN. Aquella crítica le salió cara al genial cantautor, que perdió muchísimas posibilidades de actuar en las fiestas populares de los por entonces mayoritarios ayuntamientos socialistas. Esta situación de dependencia del artista español hacia los ayuntamientos para ser contratado en fiestas ha sido denunciada incluso por músicos como Loquillo, cuyo compromiso político siempre fue cambiante.

Todavía hoy vemos casos como los de Soziedad Alkoholika, grupo musical vasco que ha vuelto a ser censurado en Madrid por "peligro de alteración del orden público". Las explicaciones que S.A. da en su comunicado ponen en evidencia a las autoridades madrileñas. También Def con Dos ha sido vetado en Toledo recientemente al recibir presiones políticas el local que iba a albergar el concierto. Otros grupos y músicos como Los Chikos del Maíz, vetados en capitales como Burgos o Sevilla; Albert Pla,. que manifestó sentir vergüenza de ser español y fue censurado por ello; o Pablo Hásel, entre otros, han sufrido este trato. Caso aparte merece por su desfachatez la alcaldesa de Fuengirola, que ha prohibido música que no sea en castellano en las fiestas de la localidad. Además, "bajo ningún concepto se permitirá la ambientación musical con los siguientes géneros: funk, rap, reggaetón, electrónica, metal, alternativa, hip hop, reggae, heavy metal, country, punk, gótica o ritmos latinos en general".

La censura, en ocasiones, se ejecuta de manera torpe, como el juez que censuró cinco minutos del espeluznante documental Ciutat Morta emitido por TV3 debido a la presión popular. El resultado fue que el público pudo ver via internet ese fragmento prohibido a la vez que se evidenciaba el uso autoritario de la censura. Otros ejemplos de persecución en el medio audiovisual son los sufridos por varias televisiones madrileñas como Tele K o Canal 33, incómodas para el gobierno de Esperanza Aguirre, que tuvo a bien conceder licencias a las cadenas más derechistas que han conformado eso que se ha denominado "caverna mediática".

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada