Torturas y excesos policiales en el Estado Español

A raíz de la muerte de dos personas en Catalunya tras ser detenidas por los Mossos de Esquadra, hemos decidido recopilar un resumen de algunas de las denuncias y casos más sonados de torturas y excesos policiales dentro del Estado Español a partir del año 2000. 

2 personas mueren tras ser detenidas por los Mossos

El primer suceso se produjo el 2 de abril de 2014 en la plaza Molina de Barcelona cuando un hombre que al parecer, se encontraba muy alterado y causando molestias en un local hostelero, fue reducido por siete Mossos. Tras ser esposado en el suelo, el detenido, según la versión policial, comenzó a sentirse mal y fue trasladado al hospital, donde se certificó su fallecimiento.

El segundo caso tuvo lugar alrededor de las 22:00 de la noche en Salou, cuando agentes de la policía autonómica de Catalunya redujeron a un hombre que había agredido a su pareja. Tras ser esposado, el detenido perdió la consciencia y falleció por parada cardiorrespiratoria.

Aunque habrá que esperar a las autopsias para que se esclarezcan las causas de los fallecimientos, no podemos evitar que ambos sucesos nos recuerden al ocurrido hace unos meses en Barcelona, en el cual murió un hombre tras ser reducido de forma brutal por los Mossos.

Juan Andrés Benítez 

En un vídeo grabado por un vecino se ve como cinco Mossos de escuadra tienen acorralado contra la pared a Juan Andrés Benítez Álvarez. En las imágenes se aprecia claramente como 5 agentes propinan puñetazos y patadas al hombre, que grita de dolor, mientras otros 6 agentes observan sin intervenir. Pocas horas después, Juan Andrés moría en el hospital a causa de las heridas sufridas a manos de los Mossos. 11 agentes cuya misión es supuestamente proteger al ciudadano y que sin embargo, por acción u omisión son unos asesinos a sueldo del estado.

Torturas

No es la primera vez que agentes de la policía autonómica catalana se ven implicados en casos como estos. Las denuncias por torturas en sus comisarias son abundantes. En Abril de 2007, una cámara oculta colocada en la comisaría barcelonesa de Les Corts, grabó como dos agentes de los Mossos de Esquadra desnudaban a la jovenElena Providgina a la que después someten a malos tratos.

En julio de 2006, otra cámara oculta, situada en la misma comisaría, grababa como hasta cinco agentes de policía propinaban una brutal paliza a un hombre esposado, al que incluso llegan a encañonar en la boca con una pistola. La Audiencia de Barcelona y posteriormente el Tribunal Supremo condenaron a los cinco Mossos a sendas penas de prisión y a pagar una indemnización a su víctima, por los delitos de torturas, lesiones graves, detención ilegal, inviolabilidad del domicilio, contra la integridad moral y maltrato.

A pesar de las pruebas aportadas contra ellos y de la firme condena judicial, el Gobiernoindultó a los Mossos torturadores, demostrando así su nulo respeto por los derechos humanos y por los tribunales de justicia, a los que con su decisión, ninguneó escandalosamente. Además ese indulto supuso un mensaje de impunidad para los casos de tortura y malos tratos dentro de las fuerzas de seguridad del estado, que vieron que sus acciones podrían salirles gratis.

En 2012, el tribunal europeo de Derechos Humanos, condenaba al Estado Español, a indemnizarcon 24.000 euros al exdirector de Egunkaria, Martxelo Otamendi, por no investigar adecuadamente las torturas denunciadas por este durante su detención por parte de la Guardia Civil. Por cierto, hay que recordar que este caso se enmarcó dentro de un proceso judicial ilegal en el que cientos de trabajadores se quedaron en la calle, se cerró un medio de comunicación y se detuvo a decenas de personas y se torturó a varias de ellas. Todo ello sin prueba alguna y con escaso respaldo jurídico como se reconoció en una resolución judicial en 2010 que absolvía a los cinco acusados y se reconocía la aberración de todo aquel proceso político encuadrado en la estrategia del “Todo es ETA”.

Antes y después de Unai Romano tras sufrir las torturas

Pero quizás el caso más conocido de torturas, sea el del joven de Gasteiz, Unai Romano. El 6 de septiembre de 2001, Romano fue detenido por la Guardia Civil acusado de colaborar con ETA. Desde ese día hasta el 11 de septiembre, estuvo detenido en régimen de incomunicación durante los cuales sufrió brutales torturas que le llevaron al hospital. Su foto completamente amoratada e hinchada dio la vuelta al mundo y demostró una vez más la brutalidad con la que actúan las fuerzas de seguridad del estado. Aquí el relato de las torturas sufridas por Unai Romano.

El 11 de Marzo de 2014, Diego Pérez, un vecino de Cartagena, desapareció de su casa y su cuerpo apareció unos días después flotando en Cala Cortina, una pequeña playa, con claros signos de haber sufrido una muerte violenta. Durante la investigación del caso, un testigo contó como la noche de la desaparición había visto como seis policías uniformados introducían a Diego en un coche patrulla.

Las cámaras de tráfico captaron como los agentes, repartidos en tres coches de policía, se dirigían hacia Cala Cortina. Unos micrófonos colocados en los coches patrulla por los investigadores que intentaban esclarecer este caso, desvelaron que los 6 agentes de policía no solamente habían sido los autores del asesinato del ciudadano de Cartagena, sino que el abuso de autoridad entre esos policías era habitual, hasta el punto de colocar la droga incautada a pequeños traficantes, a otros detenidos para así ampliar el número de actas y dar buena imagen ante los mandos de la comisaría.

La autopsia desveló que Diego Pérez había sufrido un autentico infierno a manos de los policías: Pérdida del ojo derecho, signos de violencia en región craneal y facial, fractura de múltiples vértebras y destrucción de los centros neuronales a causa de los golpes recibidos en la cabeza.

Excesos policiales

El 6 de Abril de 2012, Iñigo Cabacas Liceranzu, era asesinado por la Ertzaintza, de un pelotazo en la cabeza. La investigación que supuestamente se está llevando a cabo no ha dado ningún resultado de momento y los asesinos del joven seguidor del athletic siguen impunes. Probablemente nunca pagará nadie por aquellos hechos impulsados por un afán meramente político, como demuestran las grabaciones de la propia policía de aquel día.

Unas semanas antes, el joven gasteiztarra, Xuban Nafarrete recibía otro impacto de pelota de goma en la cabeza, durante la huelga general convocada ese día. Las heridas provocadas por el pelotazo, le llevaron al borde de la muerte. Tanto la evidencia de la herida, con una forma completamente circular, como las imágenes captadas por un vídeo aficionado, respaldan la teoría de la agresión policial contra Xuban. Sin embargo, la versión oficial ofrecida por el Gobierno Vasco es que Nafarrete  se golpeo la cabeza contra un bordillo, al caer mientras huía. La denuncia que presentó el joven contra los agentes que le agredieron, ha sido archivada y Xuban Nafarrete ha sido imputado por un presunto delito de desobediencia a la autoridad.

También son muy conocidos los casos en los que el disparo de proyectiles de goma han impactado en la cara de manifestantes, ocasionándoles la pérdida de un ojo. Quizás el caso más conocido sea el de Esther Quintana, una mujer catalana a la que un disparo efectuado por un agente de los Mossos de Esquadra durante la huelga general del 14N, ocasionó la pérdida del ojo izquierdo. Según la plataforma “Stop Bales de Goma”, desde 1990, 23 personas en han perdido un ojo tras recibir el impacto de estos proyectiles. Además, este material antidisturbios, que ha demostrado ser letal, ha dejado numerosos heridos por contusiones y rotura de costillas.

Malos tratos en los Centros de Internamiento de Inmigrantes

Otro caso flagrante de violación de los Derechos Humanos es el trato vejatorio que reciben los inmigrantes que van a parar a Centros de Internamiento. Centros que están gestionados por las fuerzas de seguridad y en los que en diversas ocasiones se han denunciado torturas y castigos colectivos contra los internos.

El 40% de los inmigrantes que han sido retenidos en Centros de Internamiento de Extranjeros han denunciado haber sufrido malos tratos y vejaciones por parte de los funcionarios encargados de su custodia. En ocasiones las condiciones de hacinamiento y de insalubridad son escandalosas. Estos centros de internamiento, que deberían cumplir la función de alojamiento temporal de estos inmigrantes, son en realidad autenticas cárceles raciales en las que se castiga al inmigrante por el simple hecho de serlo.

Denuncias de organismos internacionales

Amnistía Internacional por su parte, ha denunciado recientemente la habitual práctica de la policía española, de mantener a personas bajo su custodia en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos durante esas estancias incomunicadas y la falta de investigación por parte de las autoridades, de las denuncias de este tipo de casos. Además asegura que hay numerosos casos en España en los que se producen detenciones arbitrarias, un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del estado y obstrucción al acceso médico durante las manifestaciones.

De hecho, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha recopilado en los últimos 10 años, 6.621 denuncias por malos tratos policiales o torturas a manos de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En la misma línea, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha enviado al Gobierno Español un informe de 100 páginas en el que denuncia la falta de investigación en al menos 10 casos de torturas e insta a realizar “una investigación independiente sobre los métodos utilizados por la Guardia Civil cuando custodien e interroguen a personas arrestadas”.

Este mismo organismo europeo ha criticado el trato que sufren los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Inmigrantes en España y ha pedido el fin del uso de métodos de sujeción como medida de castigo y del hacinamiento de los internos.

Un informe sobre la tortura en España, realizado por Naciones Unidas, reconocía que “el sistema legal (español) permitía la ocurrencia de malos tratos o torturas, en particular en el caso de personas detenidas bajo el régimen de incomunicación”. Además señala que, pese a no considerarlas una práctica regular, si podrían producirse más que “esporádica o accidentalmente”.

El último informe, y quizás el más contundente por los métodos utilizados para elaborarlo, se publicó el 18 de Septiembre de 2014. En el, se analizan 45 casos de detenidos vascos que habían pasado por el régimen de incomunicación y posteriormente habían denunciado torturas que no habían sido investigadas. Estos 45 casos ocurrieron entre los años 1982 hasta 2010 y para su análisis se utilizó el llamado Protocolo de Estambul, diseñado y avalado por las Naciones Unidas para comprobar la veracidad de estas denuncias. 

El informe lo han llevado a cabo 30 profesionales, la mayoría psicólogos y psiquiatras, que han determinado que los 45 casos analizados ofrecen credibilidad y por tanto se reconoce que han sufrido torturas a manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Asimismo, señala que la amplitud de las técnicas de tortura encontradas, sugieren la existencia de personas expertas que han instruido en ellas a los cuerpos de seguridad. Cabe señalar que los 45 casos forman parte de una muestra analizada para este estudio y que por lo tanto podría haber decenas de casos más en las mismas circunstancias.

Pocos días después de la publicación de dicho informe, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenaba a España por no investigar las torturas denunciadas por Beatriz Etxebarria y Ohian Ataun, arrestados en 2011 y 2008 respectivamente, por la Guardia Civil. El Gobierno español deberá indemnizar a ambos con 29.000 y 24.000 euros. Con esta nueva denuncia, ya son cinco las ocasiones en que España ha sido condenada por este motivo en el tribunal de Estrasburgo.

Como hemos visto, los casos de torturas y malos tratos en el Estado Español son abundantes y cuentan con el respaldo del Gobierno, quien encubre y protege a los agentes torturadores y asesinos, y les otorga indultos tras haber sido condenados por sentencia firme. Solo hemos hecho un repaso de unos pocos de los muchos casos de denuncias por estos comportamientos, que se han producido en España en los últimos años. Sin embargo son un ejemplo claro por el cual, una vez más, podemos asegurar que el régimen español, lejos de ser una democracia,  es más bien un sistema represivo y policial y viola sistemáticamente los Derechos Humanos bajo una frágil apariencia de legalidad.