El proyecto del Código Penal diseñado por Alberto
Ruiz Gallardón y aprobado recientemente por el Gobierno supone un nuevo
atentado contra los derechos de todos los ciudadanos. Esta reforma que parece
especialmente diseñada para intimidar y combatir cualquier amago de protesta
ciudadana contra las políticas neoliberales que están empujando al abismo a
nuestra sociedad, ha sido fuertemente denunciada por miembros de la propia
judicatura.
Desde Jueces para la Democracia se ha llegado a
afirmar que “la reforma del Código Penal retrotrae a tiempos anteriores a la
Constitución”. Asimismo han declarado que la reforma parte de una filosofía “autoritaria”
y en palabras de Joaquim Bosh, portavoz de JpD “criminaliza determinadas formas
de disidencia pacífica”.
Entre otras cosas se contemplan penas de prisión de
hasta 6 meses por ocupar una sucursal bancaria, penas de 4 años por resistirse
a la autoridad y además podrá ser considerado atentado (Hay que recordar que
resistirse a la autoridad puede ser simplemente negarse a identificarse ante un
policía), 1 año de prisión por difundir por medios públicos actos que alteren
el orden público e interrumpir el transporte público podrá ser penado con hasta
dos años de prisión. Además se contempla la “Prisión Permanente Revisable”, un
eufemismo para referirse a la cadena perpetua, de la que solo se diferencia por
el hecho de permitirse la revisión de la condena con cierta periodicidad. Todo esto por no hablar del ataque contra los derechos de las mujeres que supone la reforma de la ley del aborto. Según datos conocidos hoy, el 89% de las mujeres que abortaron en 2011, no podrían haberlo hecho con la actual reforma del Código Penal de Gallardón.
Como ya hemos explicado extensamente en otros artículos,
el Partido Popular está aprovechando su mayoría absoluta para llevar a cabo una
serie de reformas con un marcado carácter ideológico que suponen un constante recorte
de derechos y libertades. Una mayoría absoluta lograda después de mentir a todo
el pueblo durante la campaña electoral y por lo tanto una mayoría absoluta
ilegitima. Las políticas neoliberales dictadas desde el BCE están siendo
cumplidas a rajatabla por el Gobierno con la excusa de sacar al país de una
crisis económica en la que nos hemos visto metidos a causa de esas mismas
políticas neoliberales.
La políticas siempre son las mismas: Privatizaciones
de servicios públicos, congelación o disminución de los sueldos, aumento de los
impuestos (incluidos IVA etc) y en consecuencia el aumento de productos de bienes
de primera necesidad y la ayuda a las entidades financieras con el argumento de
que son vitales para el sostenimiento de la economía del país.
A lo largo de la historia reciente hemos visto como
se han aplicado estas mismas medidas en otros países del mundo y como siempre
han acabado llevando a la pobreza a sus habitantes. Es el caso de Argentina, a
la cual, las imposiciones del FMI condujeron al famoso corralito. También el de
Venezuela que desembocó en el caracazo de 1989 y que supuso el comienzo de lo
que años más tarde sería la Revolución Bolivariana. México, Brasil y más
recientemente Grecia, son otros de los muchos países que se han derrumbado por
culpa de las imposiciones de las grandes instituciones neoliberales mundiales.
Ante esto solamente queda resistir. La reforma del Código Penal está pensada para hacernos callar
e infundirnos miedo. No podemos permitir que esas pretensiones del Gobierno se
cumplan y por lo tanto debemos ser consecuentes con nuestros ideales y seguir
saliendo a las calle a manifestarnos de la forma que sea necesaria en cada
momento, siendo conscientes de los nuevos peligros y de las consecuencias, pero
alzando la voz cada vez más para que sepan que por el camino de la represión no
conseguirán más que nuestra motivación y su descrédito.
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